La insuficiente legislación andaluza genera un marco normativo inestable para los concesionarios, según han puesto de manifiesto hoy los expertos del sector reunidos en las I Jornadas de la Náutica, que organiza el Real Club Mediterráneo. En estas jornadas de dos días y que concluyen mañana viernes participan empresas, administraciones, clubes y entidades que directa e indirectamente participan en esta industria.
Esta mañana el concejal de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, José del Río y el presidente del Real Club Mediterráneo, José Agustín Gómez-Raggio han sido los encargados de inaugurar las I Jornadas de la Náutica que reúne en Málaga a representantes del sector náutico nacional.
Gómez-Raggio destacó que el sector náutico está en auge, aunque aún muy por detrás del resto de Europa. Países como Noruega, con 2.650 km de costa, disponen de una embarcación por cada 6 habitantes; mientras que en Italia, con 7.450 km de costa, cuentan con 1 barco por cada 98 habitantes. España es el país europeo pero peor posicionado ya que, con 7.905 km de costa, hay una embarcación por cada 207 habitantes.
“Tenemos que impulsar y abrir la náutica a los ciudadanos, ya que en nuestro país hay una errónea percepción de que es un sector de lujo y no podemos ignorar que también existe la náutica de recreo y deportiva de embarcaciones de 3 y 4 metros”.
José del Río, concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga, afirmó que estas jornadas son claves para una ciudad que apuesta por la cultura, el turismo y el deporte. Recordó la importancia de un sector formado en España por 37.000 empresas y que da trabajo a más de 200.000 personas.
“El Ayuntamiento de Málaga apoya este sector, porque vivimos del turismo que en nuestro caso está muy relacionado con el mar. Además, tenemos claro la colaboración pública-privada que nos impulsa a promover iniciativas, como las escuelas municipales, en las que los niños aprenden a navegar y se acercan al mundo de la vela”.
La sesión inaugural corrió a cargo de José Antonio Morillo Velarde del Peso, jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, que habló de la Ley de puertos del Estado y de las novedades introducidas a partir del Real Decreto de 4 de julio de 2014, que permite ampliar los plazos de las concesiones administrativas en los puertos del Estado. Hasta esa fecha, el plazo era de 35 años y con la reforma del pasado año se puede llegar hasta un máximo de 50, previa solicitud.
En casos excepcionales, como son concesiones de interés estratégico o relevante para el puerto o la zona de influencia, previo informe vinculante de Puertos del Estado, este plazo puede ampliarse hasta los 75 años. Para ello, se dan una serie de condiciones de inversión. En este sentido, Morillo afirmó que la legislación de 2014 permite “comprar tiempo con dinero”.
Asimismo, afirmó que frente a otros entes del Estado, el sistema portuario español está totalmente saneado y no recibe financiación de los Presupuesto Generales. El año pasado ganó 260 millones de euros, lo que le permite realizar inversiones para mejorar sus infraestructuras. También durante esta legislatura el sector se ha beneficiado de una reducción de la presión fiscal, que ha supuesto un aumento de la competitividad de los puertos españoles.
José María Rodríguez, letrado jefe de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), señaló que en materia de concesiones portuarias en Andalucía existe una marco normativo inestable, derivado de la Ley de Costas, que es insuficiente y que hace necesario un desarrollo reglamentario. Esta ley estableció un máximo de 30 años para las concesiones, pero introduce incertidumbres en los plazos, porque está abierta a la interpretación.
Además, afirmó que “estamos trabajando en mejorar la interlocución con el sector y llegar a una solución que garantice la sostenibilidad económica de los concesionarios, dentro de la legalidad”.
También se refirió a los canon y tasas que pagan los concesionarios, dependiendo de si la instalación sea estatal o autonómica. En su opinión, “no es entendible que dos empresarios del mismo sector tengan diferente trato y la situación sea más gravosa para uno de ellos cuando depende de la Comunidad Autónoma”.
Alejandro Quiles, asesor jurídico de la Asociación de Clubes Náuticos de Andalucía, realizó un análisis comparativo entre las concesiones administrativas estatales y autonómicas. “La complejidad de la normativa que se aplica al sector, especialmente la autonómica en materia de plazos obliga a los concesionarios a recurrir a verdaderos expertos en la materia. Por lo general, los importes que grava a las concesiones administrativas autonómicas resultan superiores a las estatales”.
Además añadió que “las continuas modificaciones de la normativa generan inseguridad jurídica en ocupaciones a tan largo plazo, haciendo que el plan de viabilidad propuesto al otorgamiento de la concesión quede obsoleto a corto plazo”.
Las I Jornadas de la Náutica están organizadas por el Real Club Mediterráneo y cuentan con la colaboración de CEACNA, Turismo de la Costa del Sol, Puertos del Estado, Ibericar-Benet, Universidad de Málaga, Andalucía Tech, ANEN, Pandora, ACNA, Randstad, Grupo Semac y Unicaja Obra Social.